La reconstrucción de Pereira no puede convertirse en un proceso cerrado, en el que las decisiones se tomen sin información pública y al margen del escrutinio ciudadano. Por el contrario, una intervención de esta magnitud exige transparencia, planificación, coordinación institucional y participación de la ciudadanía. Sin embargo, parece que conseguir información de la Administración Municipal no está resultando tan sencillo.
El pasado 14 de octubre, la Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda -VERIS-, dirigió una comunicación al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, con el propósito de abrir un espacio de interlocución institucional y solicitar información sobre la actuación de la Administración Municipal frente a la emergencia y el proceso de reconstrucción.
No se trataba de una comunicación protocolaria, en ella formulamos once grupos de solicitudes que consideramos fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer qué está haciendo el Municipio, cómo se están tomando las decisiones y qué destino tendrán los recursos públicos.
Preguntamos, entre otros asuntos, cuál es el esquema institucional dispuesto para dirigir y coordinar la reconstrucción; solicitamos copia íntegra del Plan de Acción Específico (PAE), con sus anexos y soportes técnicos; y preguntamos cuáles son los planes de gestión, las prioridades y los mecanismos de seguimiento previstos por la Administración.
También solicitamos conocer el inventario actualizado de las edificaciones afectadas, los criterios técnicos utilizados para determinar cuáles deben ser intervenidas o demolidas y los mecanismos de control para impedir reparaciones improvisadas en inmuebles con daños importantes o localizados en zonas de riesgo.
Nos interesó particularmente conocer qué medidas se están adoptando para proteger el patrimonio histórico, arquitectónico, cultural y documental, así como las necesidades prioritarias de la ciudad y los proyectos presentados ante la Gobernación y el Gobierno Nacional para obtener financiación.
Preguntamos por los recursos municipales disponibles y comprometidos, las gestiones adelantadas ante el Fondo Milagro y otras entidades nacionales, las ayudas inmediatas a la población damnificada y las condiciones de funcionamiento de los albergues temporales.
Incluimos, además, un asunto que merece especial atención: el impacto del terremoto sobre las finanzas municipales y los ingresos de las empresas de servicios públicos. Es necesario saber cómo se están estimando las pérdidas de recaudo de impuestos derivadas de las edificaciones destruidas, inhabitables o desocupadas y qué consecuencias pueden tener sobre la capacidad financiera de la ciudad para afrontar la reconstrucción.
Finalmente, solicitamos establecer un canal permanente de interlocución entre la Alcaldía y la Veeduría, que facilite el acceso a la información y el ejercicio del control ciudadano.
Hasta ahora no hemos recibido respuesta. La comunicación fue enviada al correo institucional contactenos@pereira.gov.co, dirigido expresamente al alcalde. No fue una simple invitación a conversar que pueda quedar indefinidamente sin contestación. Por su contenido, nuestra comunicación constituye también un ejercicio del derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución y desarrollado por la Ley 1755 de 2015.
No se trata de un formalismo jurídico. El derecho de petición es uno de los instrumentos fundamentales para hacer efectivo el control ciudadano sobre la gestión pública. Y ahora, cuando se trata de una reconstrucción que compromete enormes recursos, afecta la vida de miles de familias y determinará buena parte del futuro de Pereira, el acceso oportuno a la información resulta indispensable.
Por esta razón, la Veeduría procederá a interponer una acción de tutela para obtener la protección del derecho fundamental de petición y presentará ante la Procuraduría General de la Nación una queja para que se examine la eventual responsabilidad disciplinaria derivada de la falta de respuesta.
No buscamos interferir en las decisiones que corresponden a la Administración Municipal, ni desconocer sus responsabilidades, lo que queremos contribuir a que la reconstrucción se haga bien, con información verificable, decisiones técnicamente sustentadas y recursos administrados con transparencia, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué se está haciendo con Pereira.
La reconstrucción no es un asunto exclusivo del Gobierno, es una responsabilidad pública que nos compromete a todos. Y el control ciudadano no puede ejercerse a ciegas.





