El terremoto del 10 de agosto cambió para siempre la realidad de Pereira, Dosquebradas y Risaralda. Las pérdidas humanas y los daños en viviendas, infraestructura pública, instituciones educativas, hospitales, redes de servicios públicos y patrimonio colectivo convierten la reconstrucción en el mayor desafío social, económico e institucional que enfrenta nuestra región desde el terremoto del Eje Cafetero de 1999.
Será una tarea de muchos años y comprometerá decisiones trascendentales y cuantiosos recursos públicos. Por eso, desde VIGÍA Cívica consideramos que la sociedad no puede permanecer al margen de lo que habrá de ocurrir y que la reconstrucción necesita instituciones eficaces, pero también una ciudadanía informada, activa y capaz de ejercer un control permanente sobre las decisiones que se adopten.
Con ese propósito hemos convocado la “Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda” comoun instrumento independiente, plural, técnico y constructivo para acompañar y vigilar los programas, proyectos, inversiones y contratos relacionados con la reconstrucción.
No se trata de una instancia dedicada a la confrontación, será una Veeduría que contribuya a que las decisiones de la Reconstrucción respondan al interés general, se adopten con transparencia, se ejecuten oportunamente y produzcan los resultados que esperan las comunidades afectadas. La Veeduría aspira a advertir riesgos, formular recomendaciones, solicitar información y poner en conocimiento de las autoridades competentes las situaciones que lo ameriten, sin sustituir las responsabilidades de las entidades públicas ni las funciones de los organismos de control.
Su actuación estará enmarcada en la Ley 850 de 2003 y la Ley 1757 de 2015, que reconocen las veedurías ciudadanas como mecanismos de participación democrática y control social sobre la gestión pública y sobre los particulares que administren recursos públicos o desarrollen funciones públicas. La vigilancia comprenderá la planeación, la contratación, la ejecución física y financiera de los proyectos, el cumplimiento de sus objetivos y la adecuada utilización de los recursos.
Esta Veeduría tiene una particularidad que queremos resaltar. Hemos convocado a ciudadanos que participaron directamente en la reconstrucción posterior al terremoto de 1999. Entre ellos se encuentran quienes tuvieron responsabilidades de dirección en el FOREC y en la “Fundación Vida y Futuro”, así como quienes participaron desde el Gobierno Departamental y desde distintos espacios institucionales y ciudadanos.
Ellos tuvieron que “inventar” buena parte de la reconstrucción de entonces, tomando decisiones inéditas, creando mecanismos, enfrentando dificultades y encontrando soluciones para una emergencia de dimensiones entonces desconocidas. De aquella experiencia quedaron aciertos, dificultades, aprendizajes y un conocimiento que constituye hoy un patrimonio que no debería perderse. Después de 27 años, Risaralda tiene la oportunidad de aprovechar una experiencia que pocas regiones del país poseen.
No pretendemos que se repita la reconstrucción de 1999, pretendemos que se aprenda de ella, reconocer qué funcionó, qué dificultades se presentaron y qué puede hacerse mejor ahora.
La Veeduría contará con el apoyo técnico de varias entidades, entre ellas la “Asociación de Ingenieros de Risaralda” (AIR) y con la colaboración de Transparencia por Colombia para el seguimiento de la contratación de las entidades territoriales relacionada con la reconstrucción. También buscaremos establecer una red con organizaciones de control ciudadano de otros territorios afectados, para intercambiar información, metodologías y buenas prácticas.
En la dimensión practica hay preocupaciones inmediatas que queremos compartir con la comunidad.
A más de un mes del terremoto persiste entre muchos ciudadanos la incertidumbre sobre el rumbo que tomará la reconstrucción. Se reclaman, con razón y con angustia, soluciones urgentes, mientras las autoridades nacionales, departamentales y municipales deben organizar una respuesta de enorme complejidad, cuya dimensión se desconoce.
En este escenario resulta importante recordar que el Gobierno Nacional declaró, mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto de 2026, la Situación de Desastre de Carácter Nacional como consecuencia del terremoto.
Esa declaratoria obliga a que la reconstrucción debe desarrollarse dentro del marco de la Ley 1523 de 2012, que establece criterios para la recuperación y reconstrucción orientados por la seguridad y el desarrollo sostenible. No se trata, por tanto, de reconstruir simplemente lo que el terremoto destruyó: se trata de reducir riesgos, corregir vulnerabilidades y generar mejores condiciones de vida. Para lograrlo se debe partir un instrumento fundamental e insustituible: el “Plan de Acción Específico para la recuperación”, previsto en el artículo 61 de la Ley 1523. Su elaboración corresponde a alcaldes y gobernadores y debe orientar las acciones de recuperación y reconstrucción en los territorios afectados.
Por eso, desde VIGÍA Cívica y desde la “Veeduría Ciudadana a la Reconstrucción de Risaralda” hacemos un llamado a la Gobernación de Risaralda y a las alcaldías de sus municipios, para que avancen con la mayor celeridad en la elaboración de estos planes, que no son un requisito administrativo más, sino la hoja de ruta que permita establecer prioridades, proyectos, responsables, cronogramas y recursos.
En el caso de Pereira, desde VIGÍA Cívica, consideramos que para acelerar la elaboración del Plan de Acción Específico de la ciudad, sería importante solicitar la asesoría de la Fundación Universitaria del Área Andina. Su trabajo en el proyecto “Prospectiva Pereira 2054” le ha permitido reunir una información y un conocimiento sobre el territorio que podrían ser de gran utilidad en este momento.
Los demás municipios también deberían asesorarse de las universidades locales para elaborar sus Planes. Esta propuesta no pretende trasladar a la Universidad una responsabilidad que corresponde a la Administración Municipal, busca aprovechar capacidades académicas y el conocimiento territorial ya existentes para ayudar a construir, con la urgencia que las circunstancias exigen, visiones municipales e integrales de la recuperación.
Una preocupación final, en este momento es vital que el Control Físico de Pereira comience a actuar con rigor. Ya hemos visto que en zonas que podrían ser de alto riesgo se están construyendo estructuras ocultas.
Post scriptum: Desde la Corporación VIGÍA Cívica condenamos con la mayor energía las amenazas recibidas por la periodista Ángela María Villegas. La comunidad no puede agregar a la tragedia, que hoy vivimos, el amedrentamiento a quienes, por su profesión, están llamados a opinar sobre la gestión de los gobernantes.
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