El terremoto del 10 de agosto abrió una nueva etapa en la historia de Pereira. La ciudad necesita reconstruir edificaciones, recuperar espacios deteriorados y modernizar su centro. Pero también enfrenta un riesgo: que la tragedia termine convertida en una oportunidad de negocio para unos pocos, mientras sus costos recaen sobre propietarios, arrendatarios y pequeños comerciantes.
Ese riesgo tiene nombre: “gentrificación”. Un indeseable proceso de transformación urbana en el que las inversiones y la renovación inmobiliaria elevan el valor del suelo, las viviendas y los arriendos, provocando el desplazamiento de los habitantes y comerciantes tradicionales que no pueden asumir los nuevos costos.
Sus efectos van más allá de la especulación inmobiliaria: destruye redes comunitarias, desplaza pequeños negocios, debilita la identidad histórica de los sectores intervenidos y sustituye sus actividades tradicionales por otras orientadas a poblaciones de mayores ingresos. La renovación urbana puede ser necesaria, pero no debe hacerse a costa de expulsar a quienes han construido la ciudad.
En Pereira hay señales de alarma. Ya se conocen pedidos de precios exorbitantes por lotes del centro cuyas edificaciones deben demolerse. Hablar de diez millones de pesos por metro cuadrado de terreno es una señal que merece un examen riguroso.
Aunque una cosa es pedir esa suma y otra que exista quien esté dispuesto a pagarla, pero, si esas operaciones se concretan, sus precios podrían alimentar una espiral especulativa, porque el precio de la tierra no se queda en la escritura, las operaciones inmobiliarias son fuente de información para la valoración catastral que incidide en los avalúos, el impuesto predial y otros costos asociados a la propiedad. También repercuten en las expectativas de los arrendadores y en los costos de los negocios.
La ciudad ya conoce las consecuencias de estas dinámicas. La Resolución 697 del 31 de diciembre de 2021, expedida por el AMCO durante la administración del alcalde Carlos Maya, puso en vigencia la actualización catastral elaborada por Catastro Bogotá. La Corporación VIGÍA Cívica cuestionó públicamente sus efectos económicos en 2022 y señaló objeciones jurídicas a su fundamentación, entre ellas la invocación de normas derogadas. La preocupación vuelve a ser que las decisiones sobre valoración inmobiliaria terminen imponiendo cargas desproporcionadas a las economías familiares.
Después del terremoto no podemos permitir que esa experiencia se repita, agravada ahora por las demoliciones, la disponibilidad limitada de terrenos y las expectativas de grandes negocios inmobiliarios. Quienes perdieron sus viviendas o locales comerciales no deberían tener que competir en condiciones desiguales con inversionistas que anticipan las ganancias de la transformación del centro.
Por estas razones, la Corporación VIGÍA Cívica solicita, públicamente, al alcalde de Pereira delimitar la zona del centro que requiere reconstrucción integral y promover la declaración de utilidad pública de los inmuebles necesarios para su intervención, de conformidad con las normas vigentes.
Esta actuación debe sustentarse en estudios técnicos, urbanísticos y jurídicos que permitan orientar la gestión del suelo hacia el interés general, anticiparse a la especulación y procurar una distribución equitativa de los costos y beneficios de la renovación urbana.
No se trata de congelar el mercado ni de desconocer el derecho de propiedad. Se trata de establecer reglas antes de que las expectativas especulativas condicionen el futuro de la ciudad y determinen quiénes podrán permanecer en el centro reconstruido.
Pereira necesita un centro renovado, seguro y económicamente dinámico, pero también un centro donde puedan permanecer sus habitantes y comerciantes tradicionales. La reconstrucción no puede convertirse en una oportunidad para la especulación inmobiliaria ni en una condena económica para quienes han dado vida al centro de la ciudad.
